“Para la libertad me desprendo a balazos
de los que han revolcado su estatua por el lodo.
Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos,
de mi casa, de todo.”
– “El Herido” de Miguel Hernández. De su libro “El hombre acecha” (1938-39)
El cementerio de La Almudena pretendía albergar el poema de Miguel Hernández en un memorial contra las víctimas del franquismo, pero en 2020, el Ayuntamiento de Madrid descartó el proyecto. Este incluía 2.937 nombres de represaliados bajo el régimen en la Comunidad, junto a sus correspondientes fechas de asesinato. El actual Gobierno municipal lo hizo bajo la pretensión de resignificar el lugar para añadir a las víctimas de la Guerra Civil.
El anterior Gobierno, de Manuela Carmena, había comenzado el proyecto de un memorial dónde se comprendían tres placas en homenaje a la represión sufrida entre 1939 y 1944. El Consistorio de José Luis Martínez-Almeida, actual alcalde de la ciudad, anunció en 2019 la paralización de los trabajos en La Almudena, y el desmantelamiento de lo que ya se había construido. Los operarios municipales comenzaron con la retirada de las láminas de granito donde estaban inscritas la identidad de aquellos asesinados en los primeros años del franquismo.
En una primera placa, estarían los doce versos de “El Herido” de Miguel Hernández; poeta comunista y republicano que fue encarcelado, torturado y abandonado en un hospital hasta morir en 1942. En la segunda tendrían que haber estado las palabras pertenecientes a la carta de despedida de Julia Conesa, una de las Trece Rosas ejecutadas contra la tapia del cementerio.
“Que mi nombre no se borre de la historia”
– Julia Conesa en su carta de despedida, escrita el 5 de agosto de 1939
En una última placa, la extinta Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid y los familiares de las víctimas acordó incluir el siguiente texto: “Finalizada la Guerra Civil en Madrid, la dictadura del general Franco reprimió ferozmente a sus enemigos políticos. Consejos de guerra carentes de cualquier garantía procesal dieron lugar a numerosas ejecuciones por fusilamiento o garrote vil”.
El Ayuntamiento de Martínez-Almeida, decidió sustituir los casi 3.000 nombres con el siguiente texto: “El pueblo de Madrid a todos los madrileños que, entre 1936 y 1944, sufrieron la violencia por razones políticas, ideológicas o por sus creencias religiosas. Paz, piedad y perdón”.
En 2025, el pasado octubre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la declaración de La Almudena como “Lugar de Memoria Democrática”, por parte del Gobierno de España. Días antes, la Real Casa de Correos y la Antigua Cárcel de Carabanchel ya habían recibido el mismo título.
La Real Casa de Correos, antigua Dirección General de Seguridad (DGS) en Madrid, “desempeñó un papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura franquista”, explica el documento del BOE sobre este edificio. En la votación realizada en la Comisión Constitucional del Congreso en Octubre, fue aprobada esta decisión con 19 votos a favor y 18 en contra, siendo estos últimos los de PP y Vox.
Ubicado en la Puerta del Sol, es la actual sede de la Comunidad de Madrid, pero durante los cuarenta años de franquismo, fue un símbolo de represión. La DGS se estableció allí para coordinar los servicios policiales, entre ellos, la Brigada Político Social, encargada de perseguir a la oposición, ya fuera intelectual, política o armada, contra el régimen. Aquel lugar era conocido en los años 40 como el “Belsen español”, al compararse con un campo de concentración nazi. En sus dependencias se llevaron a cabo interrogatorios con torturas. Para obtener información se desmoralizaba y atemoriza a los detenidos, mediante un trato físico brutal. El documento del BOE añade que “son numerosos los testimonios de personas que sobrevivieron a estos interrogatorios” pero que la impunidad de los funcionarios de la DGS hizo de los abusos imposibles de denunciar. El uso del terror y el impacto psicológico fue una herramienta fundamental para mantener el control: encarcelamiento o posibles represalias contra familiares.
Fueron muchos personajes políticos y sindicales los que pasaron por el edificio. El 19 de julio de 1939, en los calabozos de la DGS moría Sergio Álvarez Ibáñez, trabajador de Telefónica y militante de UGT, aunque los médicos forenses desmintieron las torturas, sí se afirmó la existencia de contusiones en los codos, regiones pectorales y nalgas. Tomás Centeno Sierra, otro dirigente de UGT y del PSOE, supuestamente se suicidó en 1953 en aquellas instancias, pero el testimonio de un trabajador del edificio afirmó a los familiares cómo Centeno tenía “las nalgas deshechas”. El dirigente del PCE, Julián Grimau, fue tirado por la ventana en 1963 tras ser fusilado en una silla porque no podía mantenerse de pie. Aquellas mujeres organizadas políticamente, en huelga, o con la simple intención de abortar, también sufrieron torturas, violaciones y vejaciones en los calabozos de la Puerta del Sol.
Hubo dos muertes que causaron un importante revuelo no solo en España, sino a nivel internacional. Cristino García Grande fue un comunista ejecutado el 21 de febrero de 1946. Luchó en el bando republicano durante la Guerra Civil, donde alcanzó el grado de teniente en la XI División, y el de comandante por méritos de guerra en el XIV Cuerpo de Ejército, el Cuerpo de Guerrilleros. Finalizada la guerra, se exilió en Francia. Durante la ocupación nazi en el país, fue el organizador de una partida de guerrilleros, conocida como la III División. El ejército francés se lo reconoció, con el otorgamiento del título de “Libertador de Tres Departamentos” y el grado de Héroe Nacional de Francia. Tras su ejecución, Francia rompió relaciones diplomáticas con la dictadura y cerró la frontera. Poco después llegó la Declaración de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia condenando el régimen, también la repulsa de la ONU.
Otro caso muy sonado fue el de Joseba Arregi Izaguirre, militante de ETA Militar, aunque en el momento de su detención, el 4 de febrero de 1981, dicha información no estaba confirmada. Con la aplicación de la legislación antiterrorista vigente en el momento, lo mantuvieron incomunicado y bajo interrogatorio durante nueve días. Participaron 72 agentes de la Policía Nacional y acabó con Arregi ingresado en el Hospital Penitenciario de Carabanchel. Un día después de su llegada, falleció. El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid certificó en el informe forense de la autopsia la causa de la muerte: un fallo respiratorio originado por proceso bronconeumónico con intro edema pulmonar. El propio Arregi, al llegar al Hospital y ser preguntado por las torturas que había sufrido, respondió haber sido colgado en una barra, mientras le daban golpes en los pies hasta llegar a quemarlos; saltaron sobre su pecho y los porrazos, puñetazos y patadas fueron en todas partes.
El “caso Arregi” indignó a todo el país con numerosas protestas y se exigió la dimisión de varios responsables. En Carabanchel, 114 presos se declararon en huelga de hambre. En el País Vasco y Navarra, todos los sindicatos y movimientos sociales convocaron una huelga general ampliamente secundada. Los partidos políticos de ambas Comunidades también apoyaron dicha protesta, a excepción de Unión de Centro Democrático y Alianza Popular (el actual Partido Popular). Las manifestaciones fueron reprimidas por la policía. El 18 de febrero de 1981 tuvo lugar el funeral en Cizúrquil, al que acudieron 10.000 personas.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha opuesto a la declaración del BOE. Su ejecutivo ha añadido que presentará un recurso contecioso-administrativo en la Audiencia Nacional (AN), por invasión de competencias por parte del Gobierno central. A pesar de los obstáculos expuestos por la presidenta popular, asociaciones de víctimas del franquismo parecen estar satisfechas. El historiador Pablo Alcántara, explicó a RTVE cómo de necesario ve este tipo de divulgación para la ciudadanía, sobre todo en respuesta a las olas reaccionarias que se dedican a “edulcorar” dictaduras, e incluso justificarlas, como ocurre con la franquista.
